En los últimos días de su mandato, al menos en teoría, el ejecutivo del PSD-PNL en Bucarest decidió el jueves destinar fondos por un total de miles de millones de leus a una serie de nuevas inversiones. El dinero apoyaría objetivos comunitarios locales, así como proyectos industriales y sanitarios.
El Hospital de Urgencias Bagdasar-Arseni de Bucarest es la mayor clínica de neurología de Rumanía. Cuenta con 263 camas y trata la patología traumática, tumoral, vascular, craneal, degenerativa y de la columna vertebral. También se construirá allí un centro de oncología y radiocirugía estereotáctica, con una superficie de más de 10 000 metros cuadrados.
«Seguimos invirtiendo en sanidad y destinamos más de 200 millones de leus (equivalentes a 40 millones de euros) al centro de oncología y radiocirugía del Hospital Bagdasar-Arseni de Bucarest. Este centro ofrecerá tratamientos innovadores a los pacientes con enfermedades oncológicas», ha declarado el primer ministro Marcel Ciolacu.
Su Gobierno también ha aprobado un documento destinado a reducir el riesgo sísmico de los edificios vulnerables en un país donde se producen terremotos con frecuencia. El importe de la subvención concedida a un beneficiario es de un máximo de 300.000 euros.
El portavoz del Gobierno, Mihai Constantin, dijo que el plan es válido hasta el 31 de diciembre de 2030 y que los pagos se efectuarán hasta finales de 2036. El presupuesto estimado es de más de 1300 millones de leus, con los que se financiará el diseño y la ejecución de obras de intervención en locales donde se desarrollen actividades económicas, así como en edificios de interés público o utilidad pública. El programa no financia la consolidación de viviendas privadas. Se calcula que unas 750 empresas podrán beneficiarse de esta forma de apoyo.
También el jueves, el gabinete de Ciolacu aprobó la reorganización de la Agencia Nacional Antidroga, en un momento en que el tráfico y el consumo de drogas se han generalizado en Rumanía. La nueva visión va más allá de la represión penal y hace hincapié en la prevención y la asistencia integrada a las víctimas del consumo de drogas, especialmente los menores, que necesitan un apoyo especial. La asistencia pasa del Ministerio del Interior al sistema sanitario, y la coordinación de las políticas antidroga es responsabilidad directa del primer ministro.
Asimismo, se crearán centros especiales de prevención de adicciones, donde todos los necesitados recibirán atención médica especializada. Según el gobierno, el proyecto se ha elaborado en consulta con organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia.
Versión en español: Antonio Madrid
