El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) ha rechazado la remisión del Tribunal Supremo de Casación y Justicia (ICCJ) de la llamada «Ley de Fugitivos» y ha dictaminado que la ley es constitucional. La ley impugnada, aprobada por la Cámara de Diputados hace casi un año, estipula que los delincuentes condenados que no se presenten en comisarías para ser encarcelados serán considerados prófugos y se arriesgan a una pena de entre seis meses y tres años.
Los magistrados del Constitucional rechazaron por unanimidad la objeción de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, según la cual la ley vulnera el derecho a un juicio justo y a la libertad individual. La pena impuesta por el delito de eludir la acción de la Justicia se suma a la pena pendiente en el momento de la fuga, señala la ley.
«Esencialmente, el Tribunal consideró que el Legislador, de acuerdo con su política penal, adoptó una norma que tipifica un acto asimilado al delito de fuga, consistente en eludir la ejecución de la orden de ejecución de la pena de prisión por parte de la persona, por el transcurso de siete días desde la fecha de la sentencia firme que ordena la ejecución de sentencia», afirma el Tribunal Constitucional. El Tribunal también señala que las disposiciones de la ley criticada no violan el principio de irretroactividad, ya que se aplicarán a partir de la fecha de su entrada en vigor.
La ministra de Justicia, Alina Gorghiu, ha acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional y ha recordado que solo el año pasado el Estado rumano pagó más de 10 millones de leus (unos 2 millones de euros) para traer de vuelta al país a algunos de los presos condenados. En cuanto a la situación de los prófugos que alegan, a través de sus abogados, el estado y las condiciones inadecuadas de las cárceles en Rumanía, Alina Gorghiu ha dicho que «quien va a la cárcel no se imagina que va a un hotel de cinco estrellas, que va a condiciones de lujo y que va a la sauna por la mañana, a una comida de cinco platos a la hora de comer, etc.».
El coste de traer de vuelta al país a cada fugitivo oscila entre varios miles y 25 000 euros, en medio de un fenómeno que aumenta año tras año, según la ministra de Justicia. Se han pagado enormes sumas para trasladar a fugitivos condenados que se encontraban en Brasil, República Dominicana o Costa Rica, como la exministra de Turismo Elena Udrea y la exjefa de la DIICOT (Dirección de Investigación de Delincuencia Organizada y Delitos de Terrorismo) Alina Bica, que huyeron del país para evitar el ingreso en prisión. El exalcalde de Bucarest, Sorin Oprescu, y el hijo del jefe de la Liga de Fútbol Profesional, Mario Iorgulescu, siguen en la lista de condenados en Rumanía que han logrado eludir la cárcel. Italia y Grecia son los países favoritos de los fugitivos condenados. Con su decisión, el Tribunal Constitucional hace hincapié en el refuerzo de la política penal y pretende desalentar los cargos por eludir la ley.
Versión en español: Victoria Sepciu
