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  • Es preciso reducir el déficit presupuestario

    Es preciso reducir el déficit presupuestario

    Rumanía cerrará 2024 con un déficit del 8,6%, según datos del Ministerio de Hacienda. Los expertos señalan que se trata de una cifra enorme y una de las más altas de la UE. El crecimiento económico no es robusto, ya que se basa en grandes desequilibrios internos y externos, y el Gobierno debe intentar mantener el gasto bajo un estricto control, afirman. El déficit debe reducirse este año, lo que supone un verdadero reto, afirma el ministro de Hacienda, Tánczos Barna. Dijo que el objetivo para 2025 es ser frugales en la gestión del dinero público, dado que 2024 fue un año difícil para Rumanía en todos los aspectos. Tánczos Barna

    «Fue un año electoral con muchas elecciones, fue un año en el que se recalcularon las pensiones, se aumentaron los salarios en varias áreas y se apoyaron las inversiones con cantidades sin precedentes. Y creo que este es el elemento más importante del presupuesto de 2024, a pesar de que el año terminó con un déficit del 8,6%. El año 2025 va a significar caer en un déficit del 7%, y es realmente un reto que mientras queremos mantener las cantidades asignadas a la inversión, tenemos que pagar los salarios al nivel de noviembre y las pensiones al nivel de noviembre de 2024. Tenemos que sostener el sistema educativo, el sistema sanitario, todas las instituciones públicas, para encajar en ese déficit, pero al mismo tiempo también tiene que ser el año en que empecemos a crear ese estado magro, que no gravemos para volvernos obesos y emplear aún más y prestar los mismos servicios con más empleados con un coste alto».

    Tánczos Barna ha recordado que, en 2024, Rumanía contrajo un compromiso de 7 años con la Comisión Europea, y al final del período tiene que alcanzar un déficit del 3%. También refirió que las autoridades no contemplan un aumento del IVA ni cambios en el impuesto sobre nóminas en el presupuesto estatal de 2025. Asimismo, dijo que el proyecto de presupuesto se presentará a la coalición gobernante antes del 27 de enero, con vistas a su aprobación por el Parlamento en la primera semana de febrero.

    El Gobierno dirigido por el socialdemócrata Marcel Ciolacu aprobó recientemente un decreto ley sobre algunas medidas fiscales y presupuestarias en el ámbito del gasto público, con el fin de concretar el presupuesto general para 2025. Estas medidas han provocado el descontento del sector privado, que se queja de la imprevisibilidad legislativa y de que las leyes fiscales cambien de un día para otro. Por su parte, los sindicatos advierten de protestas en el próximo periodo y han pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el artículo que congela la indexación de las pensiones. El decreto ley, que entró en vigor el 1 de enero, también congela los salarios, elimina exenciones fiscales y restringe determinadas prestaciones.

    Versión en español: Antonio Madrid

  • Nueva legislación para el año electoral

    Nueva legislación para el año electoral

    A finales de la semana pasada, el Gobierno social-liberal de Rumanía adoptó un decreto ley que prevé la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones locales en la misma fecha, el 9 de junio. Se trata de la famosa y controvertida fusión, decidida políticamente con anterioridad por los partidos de la coalición gobernante, el PSD y el PNL, que maximizan así sus posibilidades, en primer lugar, en las elecciones europeas, para las que acordaron proponer listas conjuntas de candidatos. Los socialdemócratas y los liberales afirman que la mayoría de los rumanos desean esta fusión, lo que se refleja en las encuestas, ya que también deberán votar este año en los comicios al Parlamento nacional en diciembre y al próximo presidente en dos vueltas en septiembre.

     

    Según el presidente de la Autoridad Electoral Permanente, Toni Greblă, habrá una infraestructura electoral única y los votantes encontrarán cinco urnas el 9 de junio: una para las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo, las otras cuatro para las elecciones locales. Habrá un ahorro presupuestario, pero su cuantía no se conocerá hasta que se adopte esta semana la decisión gubernamental que fija el nivel de los gastos para la organización y el desarrollo de las elecciones.

     

    La ley aprobada el viernes amplía el período electoral a 90 días para dar tiempo a los candidatos electorales a organizar su actividad antes de que empiece la campaña electoral. Asimismo, hay novedades para el voto en el extranjero. Toni Greblă:

    «Una de las modificaciones se refiere a la organización del voto en el extranjero. Se ha abandonado la idea de aquellas listas suplementarias que se anotaban con el bolígrafo y la firma del votante. Ahora utilizamos una aplicación, la lista suplementaria para los ciudadanos rumanos residentes en el extranjero se genera electrónicamente y ahorra tiempo y precisión, porque un ciudadano que ha votado una vez en el extranjero no puede votar una segunda vez en otro colegio electoral del país o del extranjero».

    Una persona puede presentarse como candidato al Parlamento Europeo y también al cargo de consejero local, consejero distrital, alcalde o presidente del Consejo Distrital al mismo tiempo. Además, los electos locales en activo podrán decidir presentarse como candidatos en nombre de un partido político distinto al que representaron en su actual mandato hasta 45 días antes de la fecha de las elecciones. Los críticos con esta disposición advierten de que la misma fomenta el fenómeno del cambio de partidos y beneficiaría a los grandes partidos, principalmente al PSD. Toni Greblă argumenta, sin embargo, que la migración de un partido político a otro solo es posible porque hay un desfase entre junio, cuando se celebran las elecciones, y probablemente principios de octubre, cuando empiecen a formarse los primeros consejos locales y distritales.

     

    Vehementes críticos de la ley aprobada el viernes, los partidos de la nueva alianza de oposición Derecha Unida quieren que el Defensor del Pueblo notifique al Tribunal Constitucional en cuanto al decreto ley sobre la fusión de las elecciones locales y parlamentarias.