Lanzado en abril de 2024, el documento sustituye al antiguo Reglamento de Dublín III y pretende apoyar a la Unión Europea en el actual estancamiento migratorio: reforzar la seguridad en las fronteras del continente, agilizar los procedimientos de asilo y repatriación y fomentar la solidaridad con los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión.
Lejos de ser aplaudido unánimemente, el pacto ha sido ampliamente criticado por ONGs, publicaciones y especialistas de todo el continente, tanto por partidos antimigración y de extrema derecha (el nuevo reglamento no propone medidas suficientes para detener la migración) como por partidos y activistas de izquierda (el documento es una amenaza para los derechos humanos).
A finales de 2023, 50 organizaciones sin ánimo de lucro firmaron una carta abierta a la Comisión Europea para expresar su temor ante un posible sistema con lagunas. Este sistema favorecería la normalización de la detención arbitraria de inmigrantes, la elaboración de perfiles raciales y el uso de procedimientos de «crisis» para rechazar la entrada a través de la frontera y redirigir a las personas a terceros países seguros, donde podrían sufrir violencia, tortura y detención arbitraria.
El profesor Cristian Pîrvulescu, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la SNSPA y presidente del grupo de integración e inmigración del Comité Económico y Social Europeo, explicó a RRI algunos de los recelos que suscita el nuevo reglamento:
«Teníamos nuestras dudas sobre el Pacto, en primer lugar, respecto a la definición de terceros países, porque la lista de países a los que se puede expulsar a quienes no obtienen asilo en la Unión Europea no es del todo segura. En nuestra opinión, la forma en que la Comisión ha elaborado esta lista adolece de muchas deficiencias y hay países que, aparentemente, son seguros, pero cuya situación geopolítica puede convertirles en países absolutamente inseguros. Otro aspecto problemático es el derecho, esencial para quienes llegan a las fronteras de la UE de solicitar la entrada en el territorio de la Unión y tener acceso a los procedimientos de asilo. Además, los procedimientos de asilo incluidos en el nuevo Pacto, se simplifican enormemente».
En 2023, más de 117 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse, y se calcula que a finales de 2024 la cifra ascenderá a 130 millones. Sin embargo, la mayoría permanece en sus regiones de origen y solo una pequeña parte busca protección en Europa.
Con motivo del Foro Europeo de la Migración, RRI habló con Flavius Ilioni Loga, director ejecutivo de la Asociación LOGS, una organización de base presente en Timisoara desde 2019 que promueve la integración de los grupos de migrantes vulnerables a través de la educación y la lucha contra la trata de seres humanos. Ilioni fue designado «Héroe Urbano» en Timisoara en 2021 y su equipo está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y mediadores culturales.
Le preguntamos cuáles son, en su opinión, los puntos débiles del nuevo Pacto de Migración y Asilo:
«No estamos en la mejor posición para hacer un análisis jurídico del Pacto. Pero hay críticas a nivel de organizaciones sobre el modo en que se realizan las devoluciones de migrantes. También se critican las condiciones en las que se aplica el Pacto, con el apoyo exclusivo de las autoridades frente a la sociedad civil. Estamos hablando de la responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales para determinar quién va a participar en el reasentamiento o la integración de personas procedentes de otros países. La tramitación de las solicitudes de asilo corresponde obviamente a las autoridades nacionales, pero, cuando se trata de asistencia jurídica y asesoramiento, ¿cómo se hará? Esto podría dificultar el acceso directo de organizaciones como la nuestra a las autoridades de Bucarest, por ejemplo, que está a 600 kilómetros de nuestra sede en Timisoara, y podría obstruir la ayuda y el apoyo al enfoque solidario a nivel local y comunitario».
A la pregunta de si las autoridades estatales consultaron a las ONGs a la hora de redactar el Pacto sobre Migración y Asilo, el experto responde lo siguiente:
«No, por lo que tengo entendido, y esta fue otra observación que hice no solo yo, sino varias organizaciones a nivel europeo: que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las pequeñas, no fueron consultadas a la hora de redactar este pacto. Por otro lado, podemos entender en cierto modo la naturaleza política del acuerdo, el mecanismo jurídico y el de los líderes políticos. Estamos de acuerdo con lo que apoya el Pacto, porque se construye en torno a la solidaridad europea en la que también creemos, y por primera vez, con algunas pequeñas excepciones, todos los Estados han mostrado su apoyo a este Pacto a nivel declarativo».
Según los datos facilitados por la Dirección General de Migraciones para su publicación e interpretación por el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados, en 2023 Rumanía recibió un total de 10 346 solicitudes de protección internacional, de las cuales solo 5561 habían sido tramitadas a finales de ese mismo año. De estas, solo 491 obtuvieron el estatuto de refugiado y 438 protección subsidiaria. Estos datos muestran una abrumadora tasa de rechazo del 83,3 % de las solicitudes de protección. La mayoría de los solicitantes procedían de Bangladesh (donde no se aceptó ninguna solicitud), Siria, Pakistán y Nepal.
Flavius Ilioni cree que Rumanía solo podrá crecer si aprende a abrazar la diversidad y a ser más inclusiva con las minorías, no solo con las locales o tradicionales, sino también con las nuevas personas que llegan de otros continentes en busca de una vida mejor. El activista sostiene que debemos darnos cuenta de que los inmigrantes que llegan a Rumanía en número creciente no solo aportan valor y contribuyen al presupuesto del Estado, sino que también aportan todo tipo de talentos que pueden enriquecer nuestra comunidad.
Versión en español: Victoria Sepciu
