Un miniterremoto con consecuencias imprevisibles para el ámbito político rumano se registró el miércoles por la tarde, cuando los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción detuvieron al alcalde del distrito número dos de Bucarest, Neculai Onţanu, en un caso en el que está acusado de haber recibido sobornos. El incidente en sí es aparentemente banal. Afectada por la corrupción, la administración local de Rumanía casi se ha visto reducida a la mitad por los fiscales.
Solamente en 2015, se vieron acusados catroce alcaldes de municipios, nueve presidentes de consejos locales y un prefecto. Bucarest tiene seis distritos y tres de sus alcaldes, el liberal Andrei Chiliman, del distrito uno , el progresista Cristian Popescu Piedone, del distrito cuatro, y el socialdemócrata Marian Vanghelie, del distrito cinco , habían pasado ya por la detención, y ahora se sentarán en el banquillos acusados de actos de corrupción. El mismo alcalde general de la capital, Sorin Oprescu, formalmente independiente, pero siempre en la órbita del Partido Social Demócrata, ha seguido el mismo camino: ayuntamiento, detención preventiva y banquillo de los acusados.
Onţanu se distingue por su longevidad al frente del Ayuntamiento del distrito número dos de la capital y por su importancia como personaje político. Elegido por primera vez en 2000, había ejercido ya cuatro mandatos como alcalde de distrito. Ahora se estaba preparando para ganar el quinto mandato el 5 de junio, ya que era favorito en las próximas elecciones locales que por primera vez en la Rumanía postcomunista, se desarrollarán en una sola vuelta. Además, tras la reciente retirada del líder fundador de la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía, ex vice primer ministro y ministro del Interior Gabriel Oprea, también acusado por la Dirección Nacional Anticorrupción, Onţanu había llegado a ser presidente interino del tercer partido rumano con peso parlamentario.
Las decenas de diputados y senadores de esta formación de centroizquierda solían votar, de manera disciplinada, siguiendo la orden del general en reserva Oprea, la llegada o la salida de gobiernos y, como árbitros entre los grandes partidos socialdemócrata y liberal, decidían adoptar o rechazar unos proyectos legislativos muy importantes. Ahora el nuevo líder de los progresistas, el mismo general en reserva, se ha visto acusado de haber recibido como soborno entre 2006 y 2007 un terreno de 1.500 metros cuadrados en Bucarest, a cambio de facilitarle a un titular de derechos litigiosos la adjudicación de varias propiedades .
Los comentaristas de Bucarest opinan que la detención de Onţanu equivale a su salida de la competición electoral y acelera la desintegración de la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía. Los parlamentarios de este partido se están replegando ya hacia el Partido Social Demócrata, el Partido Nacional Liberal o hacia la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE), para las elecciones legislativas que tendrán lugar en otoño. Los mismos comentaristas han destacado que, al igual que la administración local, el futuro Parlamento tendrá una configuración sensiblemente distinta, tras la acusación de decenas de mandatarios. Así, el diputado Sebastian Ghiţă, cercano del ex primer ministro del Partido Social Demócrata Victor Ponta y ya protagonista de algunos casos penales, se enteró el miércoles de que era acusado de uso de información confidencial y chantaje.
