La semana pasada, el gobierno de coalición PSD-PNL-UDMR acordó que las elecciones presidenciales se celebrarían los días 4 y 18 de mayo de este año. El ejecutivo de Bucarest prepara ahora los documentos necesarios para formalizar estas fechas.
El primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, reconoció que, naturalmente, existe una enorme expectación ciudadana sobre las fechas de los comicios presidenciales. Pero la calle lanza un mensaje mucho más radical: el Tribunal Constitucional ha anulado indebidamente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y debería revisar ahora su decisión del 6 de diciembre.
Una solicitud de revisión de este tipo fue presentada el viernes por los abogados del candidato independiente Călin Georgescu, el extremista prorruso que ganó inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 24 de noviembre. La presentación de la solicitud ante el Tribunal Constitucional estuvo acompañada de protestas no autorizadas de miles de partidarios de Georgescu.
El domingo, la Alianza por la Unidad de los Rumanos, partido insignia de la tríada soberanista en el Parlamento, organizó una gran protesta legal en Bucarest, en la que decenas de miles de personas de todo el país pidieron la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la dimisión del presidente Klaus Iohannis. El Mitin por la Democracia, como se denominó, incluyó una marcha entre los palacios gubernamental y presidencial.
«En una Rumanía normal, al final del día de hoy, el ocupante ilegítimo del Cotroceni, Klaus Werner Iohannis, anunciará su dimisión y volveremos al marco institucional, para respetar la voluntad del pueblo rumano», ha declarado el líder de la AUR, George Simion. Anunció que las protestas continuarán hasta que se cumplan todas las reivindicaciones de esta manifestación, y que decenas de miles de personas saldrán a la calle el Día de la Unificación de los Principados, el 24 de enero.
La presidenta de USR, Elena Lasconi, que se clasificó para la final presidencial junto a Georgescu, ha dicho que comprende a los rumanos que salieron a protestar para mostrar «al Tribunal Constitucional la desfachatez por cómo ha utilizado su poder de forma discrecional», pero cree que la solución no se encontrará en las calles ni en las redes sociales. En su opinión, lo normal sería que Klaus Iohannis se hiciera a un lado y dejara que el jefe del Senado dirigiera Rumanía de forma interina.
El Tribunal Constitucional anuló las elecciones presidenciales de noviembre y diciembre del año pasado después de que el Consejo Supremo de Defensa publicara un informe que hablaba de injerencias externas en el proceso electoral a favor de Georgescu y de una supuesta financiación ilegal de su campaña. Los hechos recogidos en el informe, en los que se basó la decisión sin precedentes del Tribunal Constitucional, aún no han sido confirmados por las investigaciones judiciales, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la decisión de esta instancia. Como consecuencia de ello, Klaus Iohannis sigue en el sillón presidencial, a pesar de haber completado el 21 de diciembre el segundo y último mandato que le quedaba.
Versión en español: Antonio Madrid
