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  • Retrospectiva semanal

    Retrospectiva semanal

    Elecciones presidenciales bis

     

    La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 4 de mayo, y la segunda el 18 de mayo, según decidió el jueves el Gobierno de coalición PSD-PNL-UDMR de Bucarest. Los rumanos del país votarán un solo día, mientras que los de la diáspora tendrán tres días, pero el último día, el domingo, los colegios electorales cerrarán a las 21.00 hora rumana, independientemente del huso horario local. La decisión se tomó para no dejar un espacio de tiempo que influyera en el voto cuando éste hubiera cerrado en Rumanía pero siguiera abierto en el extranjero, en los colegios electorales localizados al oeste del país. Las autoridades también han impuesto normas más estrictas para la campaña electoral, especialmente en Internet, con multas de hasta 50.000 leus (unos 10.000 euros) y de hasta el 5% de la facturación para las grandes plataformas online. La decisión gubernamental por la que se fija la fecha de las elecciones presidenciales se publicó en el Boletín Oficial. Representantes de varias organizaciones no gubernamentales afirmaron que era inaceptable adoptar tal acto normativo sin un verdadero debate público y sin un análisis de las cuestiones que afectaron a las elecciones anteriormente anuladas.

    Cabe recordar que tras haber validado la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 24 de noviembre, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló el 6 de diciembre las elecciones presidenciales en su conjunto, mientras que la votación para la segunda vuelta ya había comenzado en la diáspora. El Tribunl Constitucional tomó la decisión después de que el Consejo Supremo de Defensa del País publicara un informe en el que denunciaba injerencias externas en el proceso electoral, no confirmadas hasta ahora por las investigaciones judiciales. Decenas de miles de personas salieron el domingo a la calle en todo el país, la mayoría en Bucarest, para exigir la reanudación de la segunda vuelta electoral, que consideran injustificadamente anulada, y la destitución de Klaus Iohannis, que sigue siendo presidente, a pesar de haber completado su segundo y último mandato el 21 de diciembre. 161 parlamentarios de la oposición firmaron a favor de la suspensión del presidente, mientras que el partido AUR ha pedido oficialmente la convocatoria de una sesión extraordinaria del Parlamento, del 20 al 24 de enero, para iniciar el procedimiento de suspensión. Para ello se necesitan los votos de 234 parlamentarios.

     

    Decisiones del BNR

     

    El Banco Nacional mantiene su postura prudente y ha decidido esta semana mantener sin cambios su tipo de interés de política monetaria en el 6,5% anual. El tipo de interés de referencia no se ha modificado desde agosto, en medio de los esfuerzos por frenar la inflación. Según el BNR, en el último trimestre de 2024 subió más de lo previsto, debido a los precios del combustible y la sequía estival. Los expertos se muestran cautos ante un posible recorte de los tipos de interés de la política monetaria este año. Creen que si el entorno económico nacional no mejora tras las elecciones presidenciales, también podría haber presiones sobre el tipo de cambio. Por otra parte, el Gobierno rumano está trabajando en la elaboración del proyecto de presupuesto para 2025. Mantendrá el objetivo de déficit del 7% acordado con la Comisión Europea, pero también un objetivo del 7% del PIB para la inversión.

     

    De nuevo sobre la Mineriada

     

    El expresidente rumano Ion Iliescu y el exprimer ministro Petre Roman han sido acusados de nuevo esta semana en el caso Mineriada de junio de 1990 por crímenes contra la humanidad, y los fiscales han tenido que empezar de cero después de que las pruebas reunidas fueran anuladas anteriormente en los tribunales. Alegan que, en junio de 1990, los responsables del Estado rumano pusieron en marcha una política de represión contra la población civil de la capital, que se saldó con el asesinato de 4 personas, la violación de 2, daños de la integridad física y/o psíquica de más de 1.300 personas y la persecución de más de 1.200 mediante privación ilegal de libertad. A partir de abril de 1990, tuvo lugar en Bucarest durante varias semanas una manifestación de oposición al poder que acababa de instaurarse tras la revolución anticomunista. Según los fiscales, los días 13, 14 y 15 de junio se llevó a cabo una acción represiva contra los manifestantes, en la que participaron ilegalmente fuerzas del Ministerio del Interior, de Defensa, del Servicio Rumano de Inteligencia, así como más de diez mil mineros y otros trabajadores de varias zonas del país. Los mineros llevados a Bucarest devastaron las sedes de los partidos políticos recién creados o restablecidos tras la Revolución y que estaban en la oposición, los domicilios de los principales líderes políticos de la oposición, las sedes de publicaciones de prensa independiente y de algunas instituciones educativas.

     

    Día de la Cultura Nacional

     

    Cada año, desde 2011, Rumanía celebra el Día de la Cultura Nacional el 15 de enero, día del nacimiento de Mihai Eminescu. Este año se celebra el 175 aniversario del nacimiento del mayor poeta rumano. Dedicado a la cultura, el arte y el esfuerzo académico rumanos, el Día de la Cultura Nacional se celebró con numerosos actos en todas las comunidades habitadas por rumanos dentro y fuera del país. Pero también hubo protestas de miembros de CulturMedia, la Federación de Sindicatos de Cultura y Prensa, que querían llamar la atención sobre la infrafinanciación del sector y las desigualdades salariales que afectan a los empleados de museos, bibliotecas y centros culturales.

     

  • Nuevamente sobre la Mineriada

    Nuevamente sobre la Mineriada


    La Fiscalía General de Bucarest ha continuado estos días la investigación
    en el caso de la llamada Mineriada desarrollada del 13 al 15 de junio de
    1990, y que puso fin a una gran manifestación contra el poder de izquierda
    instalada en Rumanía después de la caída de la dictadura comunista. Los
    fiscales han enjuiciado este miércoles por delitos contra la humanidad al
    exjefe de Estado, Ion Iliescu, y a dos de sus colaboradores de entonces, el
    director del Servicio Rumano de Inteligencia, Virgil
    Măgureanu y al ministro de Defensa, Victor Stănculescu. En la misma
    investigación también están implicadas otras personas conocidas, el ex primer
    ministro, Petre Roman, y su adjunto, Gelu Voican Voiculescu.

    Este jueves, en el
    mismo caso se han visto enjuiciados el exlíder de los mineros de Valle del Jiu,
    Miron Cozma, que se ha declarado inocente y ha afirmado
    que no fue él quien trajo a los mineros a Bucarest en junio de 1990, sino las
    autoridades, siendo él mismo traído a la capital a la fuerza. Junto a Cozma, se
    vieron acusados el exconsejero presidencial Emil Cico Dumitrescu y el
    exvicepresidente del Consejo Provisional de Unión Nacional, Cazimir Ionescu.
    Cabe recordar que, en junio de 1990, tras unos incidentes violentos en la
    capital, que el Ejército ya había conseguido cesar, el expresidente Ion Iliescu
    invocó una tentativa de golpe de Estado de la extrema derecha y pidió a la
    población que defendiera a las instituciones democráticas. La llegada de los
    mineros de Valle del Jiu a Bucarest, donde atacaron la Universidad, las sedes
    de los partidos de la oposición y las redacciones de algunos periódicos
    independentes, causó cuatro muertos registrados oficialmente, cientos de
    heridos y más de mil personas detenidas abusivamente.


    El caso de la Mineriada ha
    vuelto a la mesa de los fiscales rumanos en febrero de 2015, unos meses después
    de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a las autoridades de
    Bucarest por la manera en la que investigaron la Minerada desarrollada en
    junio de 1990. El 17 de septiembre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos
    Humanos obligó a Rumanía a volver a abrir las investigaciones y a pagar
    indemnizaciones de aproximadamente 60.000 euros a los tres denunciantes que no
    encontraron justicia en los tribunales de su país. En Bucarest, la Mineriada
    se había investigado durante ocho años, y el caso se cerró con la decisión de
    no comenzar la investigación penal.

    En cambio, en Estrasburgo, los jueces del
    Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que se violaron algunos artículos
    de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto a la tortura, a los
    tratamientos inhumanos y degradantes o al derecho a la vida. Después de 25
    años, el caso de la Mineriada ha vuelto a abrir en el país apasionantes
    debates y antiguas heridas. Los fiscales esperan restablecer la justicia en el
    acontecimiento más grave desarrollado en Rumanía después de la Revolución
    anticomunista de diciembre de 1989.