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Tag: Ministerio de Trabajo

  • Apoyo a los rumanos con pensiones bajas

    Apoyo a los rumanos con pensiones bajas

    El ejecutivo de Bucarest ha aprobado un decreto ley sobre la ayuda financiera a los jubilados durante este año. La medida beneficia a los rumanos afiliados al sistema público de pensiones y al sistema estatal de pensiones militares cuyos ingresos sean inferiores o iguales a 2574 leus (unos 515 euros). Esta cantidad equivale al salario mínimo neto y es una medida de protección social, según las autoridades.

    El Consejo Económico y Social, cuyo dictamen es consultivo, considera que la medida tendrá un impacto positivo en los pensionistas públicos, pero sería justo aplicarla a quienes tengan ingresos de hasta 2806 leus (unos 560 euros), que es la pensión media en enero de 2025.

    Sin embargo, el primer ministro Marcel Ciolacu rechazó esta hipótesis, alegando que los recursos presupuestarios actuales no permiten esta medida. Cerca de 2,7 millones de pensionistas rumanos tienen ingresos inferiores o iguales a esta cantidad, y más de 86.000 de ellos viven en el extranjero, según el Ministerio de Trabajo, Familia, Juventud y Solidaridad Social.

    El importe será concedido por el Gobierno en dos plazos iguales de 400 leus (unos 80 euros) en abril y diciembre, a través de los centros de pensiones territoriales o sectoriales. La ayuda económica no se tendrá en cuenta a la hora de establecer el límite máximo para la aprobación del Programa de compensación del 90% del precio de referencia de los medicamentos, ni para la renta mínima de inserción, ni para la concesión de entradas para tratamientos balnearios, a través del sistema organizado y administrado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

    La medida se viene anunciando desde principios de año, cuando el Gobierno no ajustó las pensiones a la inflación debido al abultado déficit presupuestario. Para compensar esta realidad, el gobierno ha estudiado la posibilidad de ofrecer otro tipo de ayuda financiera a los pensionistas.

    Por otra parte, la actualización de todas las pensiones con la inflación, que el primer ministro Ciolacu dijo inicialmente que podría hacerse en septiembre, no se incluyó en el presupuesto de 2025, según declaró el ministro de Hacienda, Tanczos Barna. La razón es el gran déficit presupuestario del año pasado y las restricciones de este año. En 2024, Rumanía tuvo un elevado déficit del 8,6% del producto interior bruto, y para 2025, el Gobierno se ha fijado un objetivo del 7%.

    En Rumanía, el número de pensionistas disminuyó en casi 32.000 personas en febrero con respecto al mes anterior, según la Seguridad Social. El mes pasado había unos 4,6 millones de pensionistas. En el mismo periodo, la pensión media fue de unos 2700 leus (unos 540 euros). Del total de pensionistas, casi 570.000 eran personas que habían trabajado en la agricultura, y la pensión media en este caso es de 667 leus (unos 130 euros). Según las estadísticas oficiales, el número de jubilados por vejez es de 3,7 millones de personas, de las cuales casi dos tercios son mujeres.

    Versión en español: Antonio Madrid

  • Avance informativo, 13.02.2025

    Avance informativo, 13.02.2025

    OTAN – Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, en el marco de posibles conversaciones para alcanzar una solución negociada a la guerra en Ucrania. En la agenda del segundo día de reunión: el aumento del gasto militar y la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó recientemente a los aliados que no hayan aumentado sus presupuestos de defensa por encima del 2% a que lo hagan antes del verano. Insinuó que en la cumbre de la OTAN de este año pediría un aumento al 3% del PIB, y añadió que los aliados europeos y Canadá deberían aumentar su apoyo a Ucrania muy por encima de lo que ofrece actualmente Estados Unidos.

    NUEVO PRESIDENTE – El presidente en funciones de Rumanía, Ilie Bolojan, ha firmado su primer decreto por el que nombra a partir de hoy consejera presidencial a la ex ministra de Asuntos Exteriores Luminița Odobescu. Diplomática de carrera, Luminița Odobescu fue también consejera presidencial durante el mandato del presidente Klaus Iohannis.

    El miércoles, Bolojan tomó el relevo como jefe de Estado interino del saliente Iohannis.

    GOBIERNO – La prórroga del régimen de zona franca en el puerto de Constanza, en el mar Negro, figura en el orden del día de la reunión de este jueves del gobierno rumano. El gobierno quiere impulsar el desarrollo económico de la región y mejorar los flujos comerciales en la zona.

    Por otra parte, el gobierno de coalición PSD-PNL-UDMR tomará una decisión sobre la continuación del actual régimen de limitación del precio de la energía para los hogares, que expira a finales de marzo, lo que provocaría un aumento significativo de las facturas. Al mismo tiempo, fuentes de la coalición de gobierno afirman que los pensionistas con unos ingresos mensuales de hasta 2574 leus (unos 514 euros) recibirán este año ayudas económicas en dos plazos. El Ministerio de Trabajo redactará el proyecto de ley y el Gobierno lo aprobará.

    A principios de año, el gobierno decidió dejar de indexar las pensiones a la tasa de inflación, como estaba previsto, lo que provocó el descontento popular.

  • El presupuesto para 2025, en el Parlamento

    El presupuesto para 2025, en el Parlamento

    El gobierno rumano ha aprobado el proyecto de presupuesto de Rumanía para este año basado en un crecimiento económico del 2,5%, una inflación media del 4,4% y un déficit del 7% del PIB.

    Tras su aprobación, el ministro de Finanzas, Tanczos Barna, declaró que se trataba de un presupuesto sobrio y equilibrado, basado en una previsión prudente, que hace hincapié en las inversiones, con una dotación récord de 150.000 millones de leus (unos 30.000 millones de euros). El funcionario también aseguró que había dinero suficiente para salarios, pensiones y prestaciones sociales… pero al nivel de 2024, después de que el ejecutivo ya congelara, a principios de enero, cualquier indexación o aumento salarial para muchos funcionarios por decreto ley y las pensiones dejaran de estar indexadas a la inflación.

    También anunció la reorganización de las instituciones públicas centrales y de las empresas estatales para reducir sus gastos sin dejar de prestar servicios de calidad. Es esencial mantener un presupuesto equilibrado durante los próximos siete años, hasta que el déficit vuelva al 3%, para poder gestionar las vulnerabilidades estructurales de la economía nacional, añadió el ministro Tanczos Barna.

    Transportes recibirá dinero extra para continuar proyectos de infraestructuras ya iniciados, al igual que los Ministerios de Energía, Trabajo, Educación, Sanidad y Fondos Europeos. El 2,5% del PIB se destinará a Defensa para modernizar el equipamiento militar. Los presupuestos de los servicios de inteligencia también serán mayores este año, con el mayor incremento en el Servicio Especial de Telecomunicaciones, para modernizar la infraestructura informática y preparar las elecciones presidenciales y locales parciales. Entre las instituciones que recibirán menos dinero figuran el Parlamento, la administración presidencial y los ministerios de Agricultura, Desarrollo y Cultura.

    En cuanto a la deuda pública, el ministro de Finanzas, Tánczos Barna, explicó que se encuentra en una pendiente descendente, pero que los efectos de los empréstitos pasados se verán durante mucho tiempo en los gastos de intereses. En su opinión, Rumanía debería producir más y endeudarse menos.

    Con el telón de fondo de las protestas de amplios sectores de la población rumana descontentos con la limitación de sus ingresos y la exigencia imperativa de la Comisión Europea de reducir el déficit, el proyecto de presupuesto para 2025 ha llegado al Parlamento para ser debatido esta semana por el procedimiento de urgencia, nada más comenzar la sesión parlamentaria. Se espera que los debates y la votación transcurran sin incidentes, ya que los diputados de los partidos de la coalición gobernante, que son mayoría, se están movilizando en este sentido.

    Versión en español: Antonio Madrid

  • Sube el salario mínimo en Rumanía

    Sube el salario mínimo en Rumanía

    El Gobierno ha anunciado que el salario mínimo bruto en Rumanía aumentará a partir del 1 de julio. Su valor aumentará de 3300 leus (unos 660 euros) a 3700 leus (unos 740 euros). Se trata de un incremento neto de 284 leus (57 euros), que los ciudadanos recibirán en agosto por el mes de julio.

     

    Actualmente, unos 760 000 empleados en Rumanía, que representan el 13,9 % del total de asalariados, perciben el salario mínimo bruto de 3300 leus al mes, y el Gobierno calcula que más de 1 870 000 asalariados recibirán el aumento del salario mínimo desde principios de julio.

     

    Sin embargo, esta decisión no se aplica a los empleados de la agricultura y la industria alimentaria, ya que a estos se les aplican las disposiciones legales vigentes. Además, la suma de 200 leus (unos 40 euros), que estaba exenta de impuestos y cotizaciones obligatorias a la seguridad social se incrementará en otros 100 leus (unos 20 euros).

     

    La ministra rumana de Trabajo, Simona Bucura-Oprescu, ha declarado que el aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos a nivel social, estimulando el empleo en los sectores donde hay demanda de mano de obra y reduciendo el trabajo ilegal, y por otra parte, a nivel económico, aumentando el consumo, con influencia en las importaciones de bienes de consumo e incrementando el poder adquisitivo de los asalariados. Según ella, la gestión tiene por objetivo mejorar la vida de los asalariados rumanos y reducir la pobreza.

     

    Al mismo tiempo, Oprescu ha precisado que el aumento del salario mínimo bruto garantizado por país también supone acercar la remuneración al nivel exigido por la Directiva de la UE 2041 de 2022 refrente a los salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. Además, ha dicho la ministra, por la experiencia de los años pasados, el incremento del salario mínimo también ha traído consigo un aumento vertical de la mayoría de los salarios, no solo del salario mínimo.

     

    El aumento del salario mínimo situará la tarifa horaria en Rumanía en el nivel de 22,024 leus/hora (unos 4,42 euros/hora) para un horario laboral normal promedio de 168 horas/mes.

     

    Por su parte, el jefe del Gobierno rumano, Marcel Ciolacu, ha declarado que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando con los socios sociales en el mecanismo que introducirá el salario mínimo europeo en Rumanía de aquí a noviembre y que la fórmula establecida tendrá en cuenta el poder adquisitivo, el nivel de los ingresos medios brutos y la productividad laboral.

     

    El primer ministro también anunció que la nueva ley del salario unitario, un hito importante en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, se aplicará a partir del próximo año y está estrechamente vinculada a la reforma de los sistemas presupuestario y fiscal.

     

    Según el proyecto, la ley pretende aportar equidad y transparencia al sistema de remuneración de los empleados públicos. Esto significa que las bonificaciones tendrán un tope del 20 % y que ningún salario superará al del presidente de Rumanía, que gana 25 000 leus (unos 5000 euros) brutos al mes.

  • Descontentos sindicales en el sector público

    Descontentos sindicales en el sector público

    El Ministerio de Trabajo de Bucarest ha abierto un debate público sobre un proyecto de ordenanza que prevé el aumento en un 10% este año de los salarios de algunas categorías de empleados, en dos tramos, en junio y septiembre. Según el proyecto de ordenanza, recibirían sueldos más altos los empleados de las instituciones culturales y del Registro Mercantil, los diplomáticos, los empleados de la defensa, así como los de los ayuntamientos y las instituciones financiadas con los ingresos propios del Gobierno y el Parlamento. El personal de las agencias distritales para la protección del medio ambiente y de la agencia de protección del medio ambiente de Bucarest también se beneficiaría de aumentos. El impacto presupuestario se estima en más de mil millones de leus, equivalentes a 200 millones de euros, que se obtendrán mediante la reorganización y el recorte del gasto en bienes y servicios.

    Por primera vez, se oyó decir al jefe del Gobierno de la coalición PSD-PNL, el líder socialdemócrata Marcel Ciolacu, que el Ejecutivo no podía permitirse un aumento mayor. Esto es lo que se desprende del análisis realizado por el Ministerio de Finanzas, precisó Ciolacu. El aumento salarial del 10% también se concedería a los empleados de los museos o del aparato de trabajo del Gobierno. Éstos así como los empleados de las agencias del medio ambiente han reaccionado negativamente a la propuesta del Gobierno. Los empleados del medio ambiente de los distritos de Bacău (este) y Mehedinți (suroeste) protestaron durante varias horas el miércoles. Reclaman que los salarios de los territorios se equiparen a los del centro y aumenten al menos un 20%. Los manifestantes acusan al Ejecutivo de promover una política salarial discriminatoria que no tiene en cuenta sus necesidades reales. Si no se eliminan las desigualdades denunciadas, podrían convocarse formas de protesta más radicales, incluida la interrupción de la concesión de permisos para grandes proyectos, como los que cuentan con fondos gubernamentales o europeos, advirtieron los empleados del sector del medio ambiente.

    Los empleados de los Archivos Nacionales del Servicio Distrital de Caras-Severin (suroeste) también organizaron una protesta espontánea a principios de la semana, denunciando las desigualdades salariales entre los servicios distritales y el aparato central. La protesta consistió en parar el trabajo y suspender la jornada laboral de cara al público. Aunque en enero se puso en marcha un proceso de homologación salarial en varios sectores de la actividad presupuestaria, los empleados de los Archivos Nacionales han sido omitidos de estos esfuerzos, según acusó un empleado.

    El Gobierno de Bucarest está sometido a una doble presión: la de algunas categorías de empleados del sector público que se sienten injustamente tratados en comparación con otros empleados públicos, que han visto resuelta la mayoría de sus demandas salariales por el Gobierno, y la del déficit presupuestario, que ha aumentado hasta niveles preocupantes. Y el enorme slalom electoral que comienza el 9 de junio con las elecciones legislativas locales y europeas, continúa en septiembre con las elecciones presidenciales y termina en diciembre con las elecciones legislativas nacionales  apenas ha comenzado.

  • Malestar social

    Malestar social

    Descontentos porque el ejecutivo no ha tenido en cuenta sus reivindicaciones salariales, los empleados de los municipios de Rumanía iniciaron el lunes acciones de protesta. En concreto, durante una semana harán una huelga de advertencia diaria de dos horas, y el resto del día harán huelga japonesa, utilizando el método del exceso de celo. Es decir, atenderán las peticiones y solicitudes, pero dentro del plazo establecido por la ley, ha explicado el dirigente del Sindicato Nacional de Empleados de Municipios y Ciudades de Rumanía, Dan Cârlan.

     

    Los representantes sindicales afirman que los 60 000 empleados de los ayuntamientos de pequeñas poblaciones son los únicos del sistema presupuestario que se han quedado con sueldos al nivel de 2021, y el Gobierno les ha prometido un aumento de 500 leus brutos (unos 100 euros). La decisión sobre un posible aumento salarial podría tomarse una vez se analice el mes que viene el cumplimiento del presupuesto del primer trimestre de este año.

     

    También el lunes, unos 200 trabajadores del comercio salieron a la calle. Se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y exigieron que los vales de comida y vacaciones estén libres de impuestos. Además, tienen reivindicaciones salariales y quejas por la falta de un contrato laboral nacional. Los manifestantes se quejan de la presión de los empresarios, que, según ellos, a menudo les mantienen con salarios bajos o incluso con el salario mínimo, en un sector en el que la productividad laboral es alta y los beneficios son elevados.

     

    Al mismo tiempo, tras las protestas en la capital, la Federación de Solidaridad Sanitaria celebró a finales de semana un referéndum sobre la cuestión de la huelga general.
    Se invitó a todos los empleados del sistema sanitario a evaluar la pertinencia y el impacto de los aumentos salariales básicos en los ingresos salariales individuales y a decidir si se declaraban en huelga o participaban en ella. Los trabajadores sanitarios están descontentos porque el gobierno solo les ha prometido un aumento del 20 % de sus ingresos salariales y afirman que cobran muy poco por su tiempo de guardia. Los médicos tienen un contrato de guardia, pero cobran el salario anterior al actualizado, y las enfermeras no reciben dinero extra por los turnos de noche y los turnos de sábado-domingo, que son necesarios para garantizar la continuidad del trabajo en la sanidad.

     

    Los representantes sindicales también afirman que los enfermeros, camilleros y cuidadores perciben incluido el plus de peligrosidad, el plus de nocturnidad y el plus de fin de semana y festivos con los importes de 2018, antes de la aplicación de la ley salarial. En la misma situación se encuentra el personal de técnico y administrativo, y otro problema es la no actualización del plus de comida. Los sindicalistas dicen que están decididos a continuar con sus acciones reivindicativas, siendo el siguiente paso una huelga de advertencia.

     

    El lunes, los trabajadores de prisiones también anunciaron que protestarán en la mayoría de los centros de detención a partir del 21 de marzo si no se les aplica la Ley de Salario Unificado.

    Versión en español: Antonio Madrid