Un déficit enorme y una Comisión Europea como espada de Damocles, intransigente en exigir constantemente a Bucarest que tome medidas para reducirlo, están determinando al Gobierno de coalición rumano PSD-PNL-UDMR resultante de las elecciones parlamentarias de hace menos de dos meses a que ya esté tomando decisiones muy impopulares. Luego de que a principios de 2025 muchos empleados del sector público tuvieran cualquier indexación o aumento salarial congelado por ordenanza gubernamental, y los jubilados ya no tuvieran sus pensiones indexadas a la tasa de inflación, como se les había prometido, en estos días ha salido la noticia de la reorganización de las instituciones públicas centrales y de las empresas estatales.
El miércoles la dirección del Parlamento anunció que el número de funcionarios se reduciría en aproximadamente 400, lo que provocó una protesta espontánea de los empleados en los pasillos de la institución. El liberal Ilie Bolojan afirmó que en el Senado, que él preside, se reducirán alrededor de 180 puestos de funcionarios de un total de casi 800, pero también se reducirá el parque automovilístico o la cuota de combustible. Ilie Bolojan:
“De un total de 796 puestos, tendremos aproximadamente 618 puestos”. Los compañeros que se vayan no serán despedidos por nadie. Allí donde el número de puestos de ejecución sea inferior al actual, de acuerdo con la ley, se organizarán concursos.
“Les garantizo que no habrá influencia política. En la Cámara de Diputados se suprimirán más de 200 puestos de un total de aproximadamente 1.100”, declaró el presidente socialdemócrata de la Cámara, Ciprian Şerban.
La USR pidió a los líderes de la coalición de gobierno que presenten públicamente todas las medidas para reducir el gasto Estatal, así como los criterios de selección de los empleados, “para garantizar – dijo el partido de oposición – que las personas que quedan sean competentes, no sólo los fichajes del partido”.
Por su parte, varias federaciones sindicales han mostrado su apoyo a aquellos empleados del Parlamento que corren el riesgo de perder su empleo. La Federación Nacional de Sindicatos de Administración considera abusivo y opaco el método de adopción y comunicación de medidas de reestructuración, y los dirigentes del Sindicato de Funcionarios Parlamentarios y del Sindicato de Personal Contractual afirman que la reorganización carece de equidad. ¡Y entre los rumanos de a pie, las opiniones sobre las medidas del Gobierno están divididas!
Mientras algunos las aplauden, otros las cuestionan, reiterando que la reducción del número de cargos en el Parlamento debe comenzar por los propios senadores y diputados, a partir de un referéndum consultivo de 2009 sobre la transición a una Legislatura unicameral con 300 escaños. En los últimos cuatro años, el número de empleados del sector público ha aumentado en 56.000, afirman quienes apoyan las acciones del Gobierno.
Por otro lado, otros recuerdan que entre los empleados del sector público se encuentran, por ejemplo, los empleados de la Educación, la Sanidad, el Ejército o la Policía, sectores en los que desde hace años se habla de escasez de personal.
Version en español: Simona Sarbescu
